El reconocimiento del fracaso del país en alcanzar las "metas del milenio" revela el agotamiento de un modelo de desarrollo incapaz de proveer bienestar a la población.
El pasado mes de septiembre el presidente de la República Dominicana, Doctor Leonel Fernández se presentó en la cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para dar cumplida cuenta de los avances del país en el cumplimiento de unos objetivos “asumidos con gran ilusión por la República Dominicana”, según sus propias palabras.
Varios factores podían hacer esperar, a quien no lleve un seguimiento cercano de la situación del país caribeño, que el presidente dominicano ofreciese resultados ilusionantes. Inició su declaración ante los mandatarios mundiales reunidos en la cumbre, afirmando que entre 1990 y el 2009 el país ha crecido a razón de una media del 6% anual, multiplicando por 2.3 el tamaño del PIB nacional. Si el primer semestre del 2009 supuso una fuerte contracción en el ritmo del crecimiento (solo creció un 1,4%), el Banco Central eleva para el primer semestre del año en curso, el incremento del PIB a un eufórico 7,5%, que contrasta con los pobres resultados de las economías centrales. Fortaleza económica aparte, el Doctor Leonel Fernández se había convertido en paladín de los compromisos de la Cumbre del Milenio, con iniciativas como la creación de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible, o la declaración de El Seybo como “pueblo del milenio”.
Sin embargo el balance presentado para los ODM era claramente negativo; tanto así que Fernández se vio obligado a excusar el evidente fracaso en los avances de Dominicana hacia los magros objetivos fijados para el 2015 con tres argumentos: la crisis bancaria que afectó al país en el 2004 (una de las postreras de la ronda de crisis del bancarias y financieras que devastaron Latinoamérica en el cambio de siglo), la crisis económica mundial vigente y también, quizás para dar una nota de folclorismo, los huracanes y tormentas tropicales que azotan al país (http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=261675).
Los esplendidos resultados económicos agregados – avalados por el FMI - , y la grandilocuencia del discurso modernizador que despliega Leonel Fernández, contrastan con la pervivencia de la pobreza y de la lacra de la desnutrición. La República
Dominicana ha sido reconocida por la UIT, para orgullo de su gobierno, como parte de los “al menos treinta países que han incluido ya la banda ancha en su definición del acceso/servicio universal”, lo cual significa que consideran esta herramienta tecnológica “como un servicio público al que deben tener acceso todos los ciudadanos” (http://www.hoy.com.do/economia/2010/9/24/343320/RD-entre-paises-definen-banda-ancha-como-servicio-publico). Pero al mismo tiempo solo el 13% de los hogares tiene computadora. Más gravemente aún, según las más recientes estimaciones, sólo el 41.9% de los hogares se abastecía de agua potable por acueducto dentro de la casa – 23% en la zona rural - (ENHOGAR 2007, Oficina Nacional de Estadística); y el 30% de los jóvenes entre 15 y 19 años no habían siquiera completado la educación primaria.
Un reciente informe de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD (http://odh.pnud.org.do/) denunciaba las grandes carencias nacionales en los rubros básicos del desarrollo (pobreza, educación, salud, cohesión social, empleo...) tras seis años de gobierno del PLD; la llamada a capitulo por parte del vicepresidente de la república hizo rectificar a la representante del PNUD en el país, Vallerie Julliand, desdiciendo a su propio equipo técnico, en un bochornoso capítulo que demuestra hasta qué punto las agencias internacionales participan de la perniciosa lógica política local (http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/6/17/330276/PNUD-asegura-pobreza-disminuyo-de-45-a-35-en-6-anos). El incidente, ampliamente comentado en al país, se cerró con la publicación por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de los resultados de un estudio sobre la evolución de la pobreza monetaria que contradecía los resultados realizados por la institución del sistema de Naciones Unidas (http://www.economia.gob.do/eweb/).
En medio de una feroz desigualdad social y territorial, el país crece pero no se desarrolla. Las infraestructuras presentan todo tipo de deficiencias. El abastecimiento de agua potable es irregular en muchos sectores y de mala calidad por deficiencias en la distribución; pese a ser un país con grandes recursos hídricos el agua para beber se distribuye en botella o camión cisterna (“camioncito”) al 67% de la población – sin que ello implique garantía alguna de calidad –. La recogida de residuos urbanos e industriales, en principio competencia de unos ayuntamientos mal financiados y peor gestionados, es muy deficiente, convirtiéndose ríos y cañadas en verdaderas cloacas. Según la ENDESA 2007 el 28% de los hogares se deshacen de la basura por sus propios medios, y en el resto de hogares el camión de la basura pasa una vez a la semana o con menos frecuencias, en el 44% de los casos. Las infraestructuras de transporte son absolutamente insuficientes, fuera del sistema de las carreteras para entrada y salida de mercancías que comunica las grandes zonas urbanas y zonas francas de exportación con de los principales puertos del país. Las inversiones se concentran en estas vías de comunicación y en las que, con la financiación del Banco Mundial, abren nuevas zonas a la expansión del sector turístico. Al mismo tiempo amplias regiones del país están mal comunicadas por vías muy precarias que sufren el impacto de una climatología ruda. Los mayores problemas en lo relativo a infraestructuras provienen sin embargo del sector eléctrico, proveedor de un servicio deficiente, irregular y caro. Ni el decidido apoyo venezolano al precio del petroleo, ni las sucesivas reformas en la producción y distribución de energía – sucesivamente pública, privada y nuevamente publica – han conseguido asegurar la calidad del servicio, ni siquiera el cobro del mismo. Este problema lastra la competitividad de la economía dominicana, supone grandes molestias para familias y empresas, y drena del presupuesto gubernamental millones de dólares anuales: según la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en el 2009 se transfirieron al sector eléctrico 551,8 millones de dólares más 128,25 millones por los pagos por servicios a las instituciones publicas; esta cantidad supone el 6% de los ingresos del gobierno previstos para 2010. No es de extrañar que el problema eléctrico también cuente entre las excusas presidenciales presentadas ante el previsto incumplimiento de los ODM.
Por otro lado los avances en la cobertura social son desiguales y muy débiles: el sistema de seguridad social, y las políticas del gabinete social de la presidencia pueden valorarse positivamente bien que presentan evidente falta de ambición en el planteamiento, insuficiencias capitales en la cobertura, y muchos desatinos en la ejecución; la gran masa de la población, de ingresos muy bajos obtenidos de manera informal no está siendo correctamente atendida por un sistema sanitario público de calidad pésima, incapaz de controlar los vectores de contagio de enfermedades tan graves como el dengue, la leptospirosis, la malaria, etc. La condiciones de vida de amplias capas de la población en barrios marginales, “parte atrás”, bateyes y zonas rurales perpetúan las enfermedades de la pobreza: la diarrea aguda, enfermedades respiratorias, parásitos, etc., responsables de muchos casos de mortalidad infantil.
El PNUD ha señalado la especial gravedad del “estancamiento desde hace cinco años en la reducción de la mortalidad infantil, la cual se mantiene en 23 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad materna se sitúa en 154 por cada 100,000 nacidos vivos” (http://www.pnud.org.do/losobjetivosdedesarrollodelmilenioenrd).
Pero quizás el fracaso más evidente de la gestión de Leonel Fernández está en el sistema educativo. El sector privado solo tiene presencia en las grandes ciudades para servir a las clases medias - altas y altas. El sector público, por su parte, se debate entre la desidia y la falta de recursos (2,4% del presupuesto público en 2010, muy por debajo de los países del entorno). La educación pública viene lastrada por instalaciones deterioradas y muchas veces “eternamente” provisionales, personal desmotivado y mal pagado, acumulación de turnos para un mismo plantel físico y universidades masificadas. Como resultado final, los magros resultados académicos de los jóvenes – de los que no han abandonado o nunca han entrado el sistema – en las comparaciones internacionales (SERCE 2008), revelan una amarga realidad difícilmente compatible con la fraseología desarrollista de un gobierno que tituló oficialmente al año 2007, como el “año de la educación”.
En días recientes, el sector educativo, ha sido objeto de atención por una razón distinta: una nueva intoxicación de los alumnos de las escuelas que reciben el denominado desayuno escolar (El Día, Santo Domingo, Viernes 15 de octubre de 2010), ha puesto al país ante la evidencia de que su gobierno – y más allá del gobierno, el propio estado, su clase política y sus funcionarios – son incapaces siquiera de asegurar que los niños reciban un desayuno sin arriesgar su salud. Destinado a suplir las carencias alimentarias de los niños de familias más pobres, que muchas veces llegan al colegio sin haber comido nada en la mañana ni la noche anterior, la organización de este servicio se ha visto salpicada desde el principio por irregularidades, sospechas de corrupción, cuestionamiento de la calidad de la comida provista y, actualmente, se ha enredado con las acusaciones del principal proveedor de leche escolar – Ladom, Lácteos Dominicanos – de que ha existido un envenenamiento intencionado de sus productos para sacar del programa a la compañía. La reacción de la empresa ha sido fulminante y en esta misma semana ha decidido suspender unilateralmente su contrato con el ministerio de educación, dejando con ello sin desayuno escolar a miles de niños en el país.
Este bochornoso episodio que ahora mismo se escenifica ante los ojos de la ciudadanía, revela mejor que ningún otro el cúmulo de males que se vierten sobre la sociedad dominicana: la incompetencia de las administraciones públicas para resolver los problema más insidiosos y vergonzantes de pobreza en un país que alardea de su crecimiento económico, la actitud depredadora de las empresas que compiten por los contratos públicos, la absoluta falta de moralidad de unos y otros, el irrespeto de las garantías contractuales y el recurso ordinario a la ley del más fuerte, y el desprecio por las clases bajas de una élite política y económica que, más que vivir, coloniza su propio país.
Frente a este panorama, las fuerzas sociales y políticas dominicanas no muestran capacidad de reacción. Esta impotencia se hace patente en las rutinariamente exaltadas denuncias que realizan los medios de comunicación; suenan hueras las declamaciones contra la corrupción y la ineficiencia, de los voceros de una clase media que hace tiempo ha aceptado su propia subordinación en el modelo político vigente a cambio de la garantía de su nivel de consumo, de la ausencia de impuestos directos y de la protectora mano dura del estado frente a la amenaza de las clases excluidas – apenas sublimada en el temor a la creciente delincuencia -.
Más eficacia y menos paciencia podrían esperarse de la clase empresarial, especialmente en relación con temas tan graves como el servicio eléctrico o la seguridad jurídica. Sin embargo, en el ambiente de corrupción y amiguismo imperante, empresarios nacionales y extranjeros pueden encontrar padrinos para sus negocios, más o menos lícitos, dentro de un estado que es entendido por los propios funcionarios como un instrumento de enriquecimiento personal. Si sumamos a esto el amparo que encuentran en los organismos internacionales (Banco Mundial y sobre todo FMI) en lo relativo a la política macroeconómica (fiscalidad, tratado de libre comercio, orientación de la inversión pública, política monetaria, gestión de la deuda pública, etc.), los empresarios pueden aceptar algunos inconvenientes para ellos fácilmente soslayables. Solo los mas sinceramente comprometidos con el país, aun sea desde una óptica liberal, se verán implicados - y a la vez cooptados – en solucionar los problemas más acuciantes (electricidad, educación...).
El papel del FMI en el país responde a sus principios fundadores: asegurar que Dominicana lleve adelante una política económica tal que garantice su capacidad para hacer honor a los pagos internacionales que tiene comprometidos, es decir, su deuda. La amortización de la deuda pública exige el 18% de los ingresos financieros y no financieros del gobierno cada año, y equivale al 3,6% del PIB
(http://www.digepres.gob.do/LinkClick.aspx?fileticket=84DXIKWmOgA%3d&tabid=76&mid=445).
Además, los pagos de los intereses equivalen al 1,9% del PIB, en donde se incluye la refinanciación del Banco Central sobre el que pesa el haber asumido las deudas contraídas por los Bancos privados quebrados en el 2003. La amortización de la deuda externa pública compromete el 1,5% del PIB del país, cuyo monto total se situaba en enero de 2010 en 7.209,6 millones de dólares. El Banco Mundial y el BID ofrecen prestamos en muy favorables condiciones para implementar las grandes inversiones necesarias para el modelo de desarrollo orientado a la exportación y para las mucho menores inversiones destinadas a paliar los efectos más devastadores de dicho modelo (destrucción medioambiental, urbanización salvaje, desequilibrios territoriales abruptos, pobreza, etc..)
Del lado de la política no puede esperarse que venga el golpe de timón que muchos dominicanos están esperando. Los dos grandes partidos políticos PLD y PRD (opositor) son fuerzas políticas agotadas. Se han venido alternando en el gobierno de la nación, se han repartido senadurías, alcaldías y todo el resto de cargos públicos. Profundas mutaciones ideológicas han terminado por desnaturalizar la Liberación y la Revolución que esconden las siglas de uno y otro. El tercero en disputa, el PRSC fundado por Balaguer – cuyo régimen ilustró como ningún otro el concepto “democradura” – extrema con su oportunismo descarnado todos los defectos de los dos primeros: corrupción generalizada, patrimonializacion de los recursos del estado, populismo degradante, redes clientelares que colonizan a sindicatos, juntas vecinales, colegios profesionales y a la sociedad civil en general y, más modernamente, infiltración del narco. Sin embargo la inexistencia de ningún recambio a la vista, alarga la vida política de estos “zombis” de una política hace tiempo fenecida, acentuando día a día sus rasgos más desagradables y provocando un creciente rechazo en el conjunto de la sociedad que solo los percibe como un incomodo lastre del que no sabe cómo deshacerse.
Lamentablemente tampoco en el campo popular encontramos organizaciones con vigor suficiente para plantear al estado una oposición eficaz y mucho menos un contraprograma alternativo al modelo de desarrollo económico y al sistema de representación política. Los sindicatos más combativos son los choferiles –asociaciones de transportistas – que actúan más como un grupo de interés que como sindicatos de clase – pese a la marcada retórica de alguno de ellos -. Otros grupos profesionales han encontrado en sus sindicatos profesionales el instrumento de defensa de sus intereses (los médicos por ejemplo) pero no de los intereses colectivos. En las zonas francas existe un sindicalismo muy débil que, no obstante, podría dar envidia al resto de trabajadores asalariados, prácticamente indefensos frente a una patronal implacable, que incumple reiterada e impunemente la normativa recogida en el Código del Trabajo. Debe tenerse en cuenta que, según la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central, en abril del 2010, el 55% de los ocupados se desempeñaban en empleos informales que, de media obtienen un ingreso por hora un 22% inferior a quienes laboran en el sector formal.
Sin embargo existen organizaciones de base popular que demuestran una gran fortaleza (FLU, FALPO, MPD). El FALPO, Frente Amplio de Lucha Popular es una agrupación de fuerzas populares que tiene su origen en las luchas de los años 80, paraliza de forma regular la vida de poblaciones importantes de la región del Cibao. La pasada semana un paro general en esta zona terminó con un joven estudiante muerto por disparos de la policía, y al menos nueve personas heridas, varias de ellas de bala incluido un policía (http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/71080/2010-10-13.html).
Estos sucesos muestran la contundencia con que la fuerza pública (policía nacional, SWAT) actúa contra las protestas populares y también la capacidad de respuesta de algunas organizaciones. Los cortes de carreteras, la quema de gomas (neumáticos), y los enfrentamientos con la policía es la forma corriente en que se resuelven las demandas populares de asuntos banales como el asfaltado, la iluminación de las calles, la reparación de las deterioradas escuelas, o la reiteración de los cortes de luz.
Por otro lado en los últimos años está tomando protagonismo una nueva generación de activistas de clase media, muchos con antecedentes izquierdistas en la familia, que están encontrando en las redes sociales de internet (http://www.facebook.com/topic.php?uid=310878333787&topic=14218) y en en la militancia medioambiental un ámbito propio desde el que impactar en la sociedad dominicana: la exitosa lucha contra el proyecto de instalación de una cementera en el Parque Nacional de los Haitises, tiene hoy su continuación en la lucha contra la instalación en el país de la empresa minera Barrick Gold, conocida por sus desmanes en toda América Latina. Esta lucha está agrupando a los sectores ambientalistas, junto con sectores populares de la zona, incluido el propio FALPO, (http://www.cosasdelcibao.net/2010/04/cientos-se-movilizan-en-cotui-contra-la-barrick-gold/) y también a los sindicalistas que están planteando, en la fase previa al inicio de las explotaciones, el derecho de sindicación de los trabajadores contratados (http://www.panoramadigital.com.do/barrick-gold-cancela-al-menos-80-trabajadores-por-estar-sindicalizados/). Es cierto que cada sector viene actuando por separado y que, potencialmente, pueden llegar a tener intereses contrapuestos.
Pero por ahora las torpes reacciones de la empresa y el gobierno, que ayer mismo enviaba a la policía a disparar postas contra los sindicalistas (http://www.midesahogo.com/2010/10/14/protestas-contra-barrick-gold-cotui-deja-seis-heridos/), puede convencer a todos los actores contrarios a la minera, de que todos están entablando una misma lucha contra la imposición y la arbitrariedad. El reto de los movimientos populares domunicanos estriba en superar el rechazo visceral que produce en la población y sobre todo en los jóvenes una política absolutamente desprestigiada, articulando un movimiento plural y desde abajo, donde tendrán mucho que decir jóvenes, feministas y organizaciones populares autónomas de los partidos del sistema.
Mientras tanto, tal como afirma el incómodo Informe de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, el país seguirá acumulando los lastres de un subdesarrollo nunca superado del todo (desnutrición, pobreza, déficit educativo, racismo y clasismo) junto con los problemas del nuevo siglo: medio ambiente, globalización, brecha digital, banalización de la cultura, urbanización salvaje, etc.
