Cuando, semanas atrás, el Presidente de la República, Leonel Fernández, declaraba ante los medios su convencimiento de que los problemas del sistema educativo nacional no podían “reducirse” a un problema de dinero, la ola de indignación desatada por estas palabras cogió por sorpresa al gobierno y a sus voceros.
La Coalición por una Educación Digna, a base de perseverancia y mediante el recurso a novedosas formas de reivindicación – al menos en Republica Dominicana –, había conseguido introducir en la agenda política la cuestión de la financiación de la educación pública. Esta coalición es una amalgama de entidades de la sociedad civil, con significativa presencia de las vinculadas a la iglesia catolica y que cuenta con el apoyo de sectores empresariales modernizadores. La Coalición aboga por el cumplimiento del artículo de la ley de educación que establece que se destinará del presupuesto público a gastos de educación el equivalente al 4% del PIB nacional. Con fuerte eco entre las magras clases medias, los jóvenes organizados, el mundo de la cultura y el tejido asociativo, el movimiento se vio reforzado por la creciente irritación de estos sectores ante los continuos y torpes desaires gubernamentales. Los porrazos de la policía contrastaban con las pacificas y extremadamente civilizadas protestas del movimiento, y acabaron por hacer más daño al gobierno que a los manifestantes (retóricamente hablando); pero la cosa no mejoró con las palabras del presidente, en las que el conjunto de la ciudadanía percibía, una vez más, la retórica profesoral no exenta de altanería intelectual que caracteriza al gobierno y, más que a ningún otro, al propio presidente.
Los corifeos del gobierno tardaron un poco en reaccionar, pero la contra ofensiva tuvo bastante menos elegancia que las prudentes palabras del Presidente; si a éste se le puede reprochar lo poco oportunas que fueron sus declaraciones – algo así como hablar de la importancia de una dieta equilibrada ante un público con hambre de siglos – quienes tomaron a su cargo la ingrata tarea de flanquear al presidente desgranaron un argumentario entre la vulgaridad y la impostura.
La primera respuesta tuvo la virtud de confirmar que el gobierno irrespeta la inteligencia de los ciudadanos; por boca de su Ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, el gobierno reiteraba la imposibilidad material de aportar el volumen de fondos que se está demandando para el sector educativo, pero se comprometía a destinar un tercio de los excedentes del presupuesto 2011 a este fin. El ministro estimaba que eso suponía unos tres mil millones adicionales para el presupuesto de educación. Como a nadie se le escapa el carácter metafísico de dichos “excedentes” la propuesta solo sirvió para que arreciaran las críticas desde todos los sectores.
Una aportación a la descalificación del movimiento, muy propia del estilo arrogante del gobierno, la hizo desde las páginas de Diario Libre el embajador en el Reino Unido y habitual colaborador del medio, Aníbal de Castro. El embajador ilustraba al público y, muy concretamente, a los insensatos del 4%, sobre el reciente estudio – no explícitamente citado, pero se refiere al Informe PISA de la OCDE – que demostraba que los incrementos de la financiación del sistema educativo impulsados por los gobiernos británicos no habían tenido efecto en la mejora de la calidad de la educación. Resulta sorprendente la forma de lectura que realiza el embajador: comentando resultados de los países que le place y haciendo comparaciones uno a uno evita hacer lo más evidente, una valoración para el conjunto de países del informe. De haberlo hecho habria obervado la relación general entre incremento del porcentaje PIB destinado a educacion (medido por la UNESCO) y la mejora de os resultados en las pruebas PISA. Como sabe cualquier conocedor del mundo educativo y cualquier persona que se haya leído los informes de la OCDE, los resultados escolares no dependen – como dijo el presidente - “solamente” de la financiación, pero dependen mucho de ella. De hecho, se constata un fenomeno ampliamente conocido en la teoria del desarrollo: las mejoras en los recursos basicos – saneamiento, sanidad, educacion – producen mejoras muy sustantivas cuanto mayor retraso hubiera acumuado el pais en dichos aspectos; pero una vez superado un cierto umbral de avance, el tipo de problematicas a enfrentar para seguir avanzando cambia radicalmente de naturaleza (por ejemplo, en cuanto a salud, la mortalidad no se debe ya a la diarrea sino al cancer) y los progresos que se obtienen son de menor entidad. Mucho nos tememos que dicho umbral, en el campo de la educacion esta lejos de ser alcanzado por la Republica Dominicana: hoy por hoy los avances fundamentales de la educacion dominicana aun pasan por disponer de financiacion suficiente e infraestructura adecuada.
Pero no era necesario acudir a los informes PISA para llegar a esta conclusión. La Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en República Dominicana en su reciente publicación “Política Social: capacidades y derechos” citaba ampliamente el informe SERCE de evaluación de la calidad e la educación en América Latina. Los resultados de dicho informe, amén de indicar las excepciones a la norma que relaciona financiación y resultados escolares, la explicitaba en un gráfico que pone en su sitio la política educativa del gobierno del PLD (ver imagen adjunta)
El caso dominicano resulta especialmente decepcionante: no solo mantiene un nivel de inversion por alumno que le condena a ir a la cola en cuanto a resultados academicos; ademas los resultados efectivamente alcanzados estan muy por debajo de lo esperado a partir de la magra inversion que el estado realiza en la educacion. Es decir, se aúna un nivel inversión vergonzante con una gloriosa ineficacia de dicha inversión. Por tanto, más que contraponer las mejoras cualitativas a las mejoras cuantitativas, lección que nos intenta hacer aprender el iluminado embajador patrio, habrá que sumar a la reivindicación de financiación suficiente, la reivindicación de la gestión eficaz.
Pero el ataque más cruel lo recibió la coalición no del gobierno, sino del director del periódico “El Nacional”, Radhamés Gómez Pin. En un editorial significativamente titulado “Como Borregos” vertía toda la bilis propia de la más vil politiquería sobre la Coalición por una Educación Digna, a la cual acusaba de ser unos irresponsables bienintencionados manipulados por oscuras fuerzas opositoras (es decir, el PRD) que animan y financian en la sombra la campaña de desprestigio contra el gobierno (“sectores detrás del telón que auspician y costean la campaña de la sombrilla amarilla”). Este editorial fue profusamente reproducido en espacios pagados en todos los periódicos importantes del país, esfuerzo financiero cuya justificación le resultó al autor menos apremiante que el de las rubias sombrillas.
Las reprimendas gubernamentales a la población, por ser los tontos útiles del PRD o por simple estulticia, revelan menos de las supuestas inconsistencias del movimiento del 4% que de los vicios propios del gobierno: la absoluta falta de respeto a la participación cívica y su grosera manipulación del conocimiento experto que supuestamente atesoran. Pero aún tenía que quedar en evidencia, además, el uso torticero de las instituciones del estado contra la voluntad popular y contra la misma ley. La bancada senatorial del PLD, en plena polémica sobre el 4% y con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del 2011, no tuvo reparo, amparada en su mayoría absoluta, en disponer – en un adendum y como “medida transitoria” - un monto de gasto en educación inferior a lo que fija la Ley 66-97. Norma que, por otro lado, nunca nadie tuvo la sincera voluntad de cumplir; de hecho, la suspensión decretada por el Senado se produce justo cuando el movimiento ciudadano había introducido una demanda para obligar al gobierno, por vía judicial, a que se hiciera efectivo el cumplimiento de la ley de educación en el mencionado artículo. La iniciativa acaba de ser abortada por la resolución del Tribunal Superior Administrativo rechazando el recurso de amparo presentado por la Coalición y autorizando al poder legislativo a aprobar el presupuesto sin aplicar a educación el 4% de la discordia. En los próximos días se espera la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados que dará vía libre a unos presupuestos que, una vez más, dejan al país en el grupo de los que menos invierten en educación en el continente americano.
Más calado ha tenido entre algunos sectores de la “opinión publicada” el argumento de la imposibilidad material del presupuesto para asumir el compromiso legal. Esta apelación al realismo – que es también una declaración de impotencia - se hizo acompañar de una oferta presidencial de incremento presupuestario para educación en el 2011 que supera los cinco mil millones y que no dependía de hipotéticos “excedentes”; oferta que la Coalición ya ha rechazado amparándose en el historial de promesas incumplidas del presidente en relación con el incremento paulatino del presupuesto educativo para acercarse al legalmente estipulado 4%.
Un debate más a fondo sobre las posibilidades y limites del presupuesto público dominicano debería evidenciar cuales son los problemas estructurales que hacen tan complicado el cumplimiento de la ley; el debate sobre este asunto, que exigiría un espacio del que no disponemos aquí, nos dirigiría directamente al corazón de la estructura económica y política de la sociedad dominicana, lastrada por una cultura empresarial depredadora y una cultura política de patrimonialización del estado. Lo que parece dejar claro el fracaso del sistema educativo es la creciente incapacidad del gobierno del PLD para articular los distintos actores del sistema tras un proyecto país minimamente funcional.
Las fiestas navideñas van a dar un respiro a un gobierno que ha tenido un agitado fin de año. Según la encuesta Gallup realizada durante el mes de noviembre, la percepción ciudadana del desempeño gubernamental en áreas clave como la economía, la lucha contra la corrupción, seguridad, narcotráfico y, destacadamente, la educación, es la más negativa desde el inicio de su mandato. Ante este panorama, el gobierno encara el 2011 – cuarto año de la crisis mundial - con la mejor intención de que todo siga igual. Al menos puede felicitarse de que finalmente se ha resuelto el misterio del “envenenamiento” del desayuno escolar - bochornoso episodio de incompetencia gubernamental e irresponsabilidad empresarial – con una decisión que ha tranquilizado los ánimos: todo se debió a un problema con los colorantes de la bebida infantil… y como no ha habido intención criminal todo el mundo queda eximido de responsabilidades… hasta la siguiente ocasión. Pero eso será ya en el 2011.
