viernes, 17 de febrero de 2017

Los accidentes de tránsito tienen su propia geografía

(Este es el tercero de tres artículos divulgativos redactados para el blog de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, blog.one.gob.do)

Un dominicano cualquiera tiene una posibilidad entre cuatro mil de morir este mismo año en un accidente de tránsito[1].  Puede parecer poco probable que le ocurra a usted, pero tenga en cuenta que en la mayoría de loterías las posibilidades de ser agraciado con el gran premio son de una entre muchos millones.
Los varones jóvenes juegan más números en esta lúgubre lotería: según los datos de la Policía Nacional la mitad de las muertes en accidentes de tránsito las ponen los varones entre 18 y 40 años de edad, pese a que como grupo solo suponen el 20% de la población total. En otros términos, este año uno de cada 1,900 dominicanos jóvenes va a morir en un accidente de tránsito.
Los accidentes mortales tienen su propia geografía: ni el Distrito Nacional, ni Santiago, ni la provincia de Santo Domingo presentan los mayores niveles de mortalidad relativa. Ciertamente estas tres provincias acumulan el 30% de las defunciones; pero son las provincias de tamaño intermedio como La Vega, La Altagracia, Monte Cristi o Barahona, las que presentan las mayores tasas de muertes por habitante. Varias cuestiones pueden influir aquí: estas ciudades intermedias destacan por tener una mayor densidad de motores que las ciudades grandes; algunas de ellas presentan además una elevada dispersión de la población. La Vega es un caso paradigmático en este sentido. La provincia tiene varios núcleos urbanos importantes dispersos por toda su geografía y es, además, la tercera provincia en cantidad de hogares con motor. Pues bien, en el año 2010 La Vega sufrió 167 muertes por tránsito, mientras que el Distrito Nacional, con una población 2.4 veces mayor, sufrió solo 101 muertes.
Con estos números, seguir hablando de “accidentes” de tránsito es poco apropiado. Lo accidental sugiere una cierta excepcionalidad del hecho. Pero excepcional es que te toque el gran premio de la lotería. Morir en la carretera resulta en nuestro país demasiado común. Deberíamos hablar de un “hecho habitual de tránsito” y no de un accidente.
Un informe del BID del año 2009 sitúa a la República Dominicana entre los países de la región con una mortalidad más elevada, con 25.3 personas por cada 100,000 habitantes.
En el conjunto de América Latina las muertes en accidentes de tránsito se estiman en torno a las 130,000 al año, a las que hay que añadir seis millones de personas heridas y centenares de miles de personas discapacitadas.
En nuestro país no se recopila de forma sistemática información sobre el número de personas heridas en accidentes de tránsito. A día de hoy solo contamos con datos del Censo 2002 que contabilizaba en aquel año más de dieciocho mil personas discapacitadas fruto de accidentes de motocicleta o vehículo a motor. La Oficina Nacional de Estadística incluye en la próxima ENHOGAR 2013 un módulo sobre discapacidad que nos permitirá actualizar la información estadística sobre discapacidad en el país determinando, además, el origen de la misma.
Conocer los hechos ayuda a enfrentarlos. Hace falta también liderazgo y políticas públicas consecuentes. Pero además, hace falta que los pueblos dejen de aceptar resignadamente la fatalidad del tributo en vidas que exige, año a año, la carretera.



[1] Con datos del Censo 2010 y de las Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas de ese mismo año elaboradas por la ONE. El valor exacto es de una posibilidad entre 4,423.

¿Sólo agua?

(Este es el segundo de tres artículos divulgativos redactados para el blog de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, blog.one.gob.do)

El acceso a agua suficiente y saludable es vital para las personas y prioritario desde el punto de vista de la salud pública. Más que eso, las Naciones Unidas consideran que un agua potable limpia es, literalmente, “esencial para la realización de todos los derechos humanos” (resolución 64/292).
Felizmente, el acceso al agua potable es uno de los Objetivos del Milenio que se han alcanzado antes de 2015 a nivel mundial, gracias, sobre todo, a los ingentes esfuerzos desarrollados por China e India para garantizar este derecho a su población. No obstante este importante avance, en el año 2010, el 11% de la población mundial, o sea 783 millones de personas, aún carecía de acceso al agua potable.
República Dominicana muestra poco dinamismo en los progresos para garantizar este derecho. Los hogares que beben agua de una llave o agua embotellada (procesada) eran el 75.4% en 1991, y el 78.2% en 2011.
Es decir, más del 20% de la población dominicana recurre a fuentes de agua que pueden poner en riesgo su salud. Además, el acceso de los dominicanos al agua de calidad presenta claras inequidades. La ENHOGAR 2011 muestra que un habitante de la zona rural tiene el doble de posibilidades de estar privado del acceso al agua potable que un habitante de la zona urbana. Entre los dominicanos y dominicanas más pobres, más del 40% no tiene acceso a fuentes de agua mejorada para beber.
Las inequidades también tienen una dimensión territorial: en la región de desarrollo de Higuamo (corresponde a las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata), casi un tercio de los hogares sufre la carencia de una fuente segura de agua potable; en el Cibao Nordeste (Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná y María Trinidad Sánchez), el problema afecta a 4 de cada 10 hogares.
Un análisis más detallado nos revela algunas sorpresas: por ejemplo, Santo Domingo y la zona metropolitana presentan peor acceso al agua potable que el resto de las zonas urbanas. La razón estriba en la importancia, en esa zona, de la distribución de agua a través de los conocidos “camioncitos” y camiones tanque, agua que se considera poco segura. También resulta sorprendente que en una región tradicionalmente pobre como Enriquillo (Barahona, Baoruco, Independencia, Pedernales) nueve de cada diez hogares tengan acceso a fuentes mejoradas de agua potable. La razón de este buen desempeño estriba en que un 39% de los hogares de esta región bebe del agua provista por la red pública, considerada segura según criterios internacionales, cosa que sólo hace el 1% de los hogares de Santo Domingo y la zona metropolitana.
Para entender estas “sorpresas”, debemos tener en cuenta factores culturales e históricos al hacer el balance de las inequidades de acceso al agua para beber. En nuestro país, el agua de botellón se considera la más apropiada para beber, mientras que el agua de la red pública se considera, al menos en las zonas urbanas, como inadecuada o peligrosa. A esta situación no es ajeno el hecho de que, históricamente, el índice de potabilidad del agua ha estado por debajo de lo internacionalmente recomendado y que, en adición, se han constatado diferencias apreciables en la calidad del agua de la red pública según el proveedor.
Un análisis detallado de los datos de la ENHOGAR muestra una explícita jerarquía social en el consumo de agua:
  • Los hogares más pobres, sobre todo en las zonas rurales pero no solamente, se abastecen para beber del agua de la red pública, sea en la casa, en el patio o en una llave pública; además, un gran número de ellos utiliza agua de lluvia o de manantial, río o arroyo. El agua de botellón apenas apaga la sed de 2 de cada 10 de estos hogares
  • Los hogares de riqueza intermedia van abandonando rápidamente el consumo de agua de la llave y dejan de usar absolutamente el agua de manantiales o arroyos; se incorporan rápidamente al consumo de agua de botellón y, a la vez, son el grupo que da más uso al agua de camioncito (que hay que pagar, pero que es más barata que el botellón)
  • Los hogares más ricos, por su parte, recurren masivamente al agua de botellón y, marginalmente, al camioncito.

La desconfianza de los hogares ante el abastecimiento de agua por la red pública (calidad y regularidad de la provisión) se manifiesta en el esfuerzo de los hogares para proveerse de almacenamiento privado de agua.  En el grupo de los hogares más ricos, casi el 63% dispone de tinaco y más de la mitad de cisterna. Esto está vedado a los hogares más pobres, en los que ambos sistemas de almacenaje son prácticamente inexistentes.
Cuando a la pobreza se une el alejamiento de los centros de toma de decisiones, podemos encontrar situaciones de vulnerabilidad extrema en cuanto a la disponibilidad de agua. En 74 de los 386 municipios y distritos municipales considerados en el SIET (Sistema de Información Estadística Territorial), el agua de la red pública no entra en 9 de cada 10 viviendas. En el distrito municipal de Las Coles (en Arenoso, provincia Duarte) apenas 34 hogares reciben agua de la red pública (ninguno la recibe dentro de la vivienda), recurriendo casi todos a pozos, manantiales, ríos o arroyos y al agua de lluvia. En Sabana Larga (en Comendador, provincia de Elías Piña), la situación es muy parecida: sólo 9 hogares censados reciben agua de la red pública (ninguno dentro de la vivienda) y la inmensa mayoría toma el agua de un manantial, río o arroyo.
El diagnóstico para la República Dominicana no difiere de lo que se observa en el conjunto de la región latinoamericana. Las Naciones Unidas señalan que “en las zonas urbanas se cumple con la meta de acceso sostenible al agua potable. Sin embargo, debe mejorarse la calidad del servicio (especialmente en cuanto a la calidad del agua potable, su efectiva desinfección, la reducción de los problemas de intermitencia y el nivel de pérdidas), así como asegurar la sostenibilidad de la prestación frente al cambio climático y en un escenario de creciente contaminación[1]”.
Los poderes públicos tienen el compromiso de garantizar un abastecimiento adecuado de la población con agua de calidad; deben proteger las zonas productoras de agua y asegurar así el abastecimiento a largo plazo. También tienen el reto de ganar la confianza de la población hacia el sistema de distribución de la red pública, llevando agua segura a todos los rincones del país y a todos los grupos sociales sin distinción.
El acceso al agua potable para todos y todas es, aún, un derecho a conquistar. Hagamos que sea historia.



[1] “El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad”. Naciones Unidas, 2010

Tres consideraciones sobre la división territorial de República Dominicana

(Este es el primero de tres artículos redactados para el blog de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, blog.one.gob.do)

1. ¿A dónde va un dominicano cuando se va “pa‘ Higüey”?
La pregunta parece tonta pero quizás no lo sea tanto si lo pensamos detenidamente. ¿Se dirige a la ciudad de Salvaleón de Higuëy a ver la basílica de la Altagracia? ¿Quizás viaja a visitar a su familia en el Batey San Germán, en la zona rural del municipio de Higüey? ¿O se va de fin de semana a un hotel en el municipio de Verón, Punta Cana que pertenece a la provincia de La Altagracia?
Para la ONE precisar con exactitud las unidades territoriales a las que se refiere un dato estadístico es algo esencial. No es lo mismo decir que Higüey tiene 273,210 habitantes (confundiendo el nombre de la provincia La Altagracia con el  nombre del municipio) a que tiene 251,243 habitantes (los del municipio de Higüey) o que 147,978 habitantes (los de la zona urbana del municipio de Higüey denominada Salvaleón de Higüey).
Esta voluntad de precisión de los técnicos de la ONE nos puede jugar malas pasadas en nuestra labor cotidiana; en estos términos mantuvimos, no hace mucho, una conversación con un servicio de envío de paquetería:
     -  “¿A qué provincia manda usted el paquete?” – nos preguntan -
     -  “A la provincia Duarte”
La encargada nos mira con desconcierto…
    –  “A San Francisco de Macorís” – le concedemos –

2.  Un país en migajas (un país triturado)
En la República Dominicana, en el año 2010, existían 231 Distritos Municipales[1]; en el momento que se realizó el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, en el año 2002, había solo 98; es decir que en 8 años se crearon 133 distritos municipales nuevos, un promedio de 17 nuevos distritos al año. Además, en el mismo período, el número de municipio[2] pasó de 126 a 154.
La ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios es tajante en lo relativo a las condiciones para la segregación de un nuevo municipio: entre las 5 condiciones exigidas se incluye que “tanto el nuevo municipio como el que se segrega resulten con una población superior a 15,000 habitantes”.
Pues bien, hasta 52 municipios (1/3 del total) tenían menos de 15,000 habitantes en el año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Otro tanto ocurre con los distritos municipales; la ley exige tres condiciones para su creación, una de las cuales es contar con al menos 10,000 habitantes. De hecho, 183 distritos municipales no cumplían con dicha condición en el año 2010; el tamaño medio de los DM del país es de 7,899 habitantes.
Podemos suponer que no se cumple la norma; pero es preferible pensar que la norma elaborada en 2007 ha impedido que la cosa fuera aun peor.
Tamaña compartimentación del territorio nacional no está facilitando una gestión más cercana a los reales intereses y las preocupaciones de los munícipes. Se constata, en cambio, que la capacidad técnica y de gestión de juntas y ayuntamientos queda comprometida por la escasísima capacidad financiera asociada a su pequeño tamaño.
Por eso, se han realizado esfuerzos por crear unidades territoriales mayores que sirvan de efectivo marco para la planificación del desarrollo. A través del decreto 710-04 se crearon los dos niveles superiores de la organización territorial que son las tres macro regiones (Norte, Suroeste y Sureste) y las diez regiones de planificación (ver mapa).

3. Un “objeto territorial no identificado”: el distrito municipal
En la República Dominicana, la jerarquía territorial tiene ciertas particularidades que la hacen especialmente confusa. Una de ellas es la existencia de los “distritos municipales” (no confundir con el Distrito Nacional), que se recogen en la Ley 176-07 de municipios y el Distrito Nacional.
El distrito municipal es una unidad territorial que pertenece a un municipio y que está regida por una junta de distrito.
¿Cuál es la dificultad que presenta esta unidad territorial? Brevemente, sabemos que todo el territorio de una región pertenece a alguna de las provincias que la componen; también sabemos que todo el territorio de una provincia pertenece a alguno de los municipios que la componen; sin embargo, no todo el territorio de un municipio pertenece a alguno de los distritos municipales que contiene.
Por ejemplo: La provincia de Monte Plata tiene su territorio dividido entre los municipios de Monte Plata, Peralvillo, Yamasá, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá. El Municipio de Sabana Grande de Boyá contiene los distritos municipales de Majagual y Gonzalo; pero hay, además, una parte del territorio que no es de ningún distrito municipal, sino que depende directamente del Municipio de Sabana Grande de Boyá.
Por eso la ONE, cuando ofrece el dato de población del “municipio” de Sabana Grande de Boyá, se ve obligada a especificar si está incluyendo únicamente el territorio del municipio gestionado desde el Ayuntamiento o si, por el contrario, está incluyendo también a la población de los distritos municipales que le pertenecen (Majagual y Gonzalo) y que gestionan sus respectivas Juntas de Distrito. Hablamos entonces de “municipio” por un lado y de “municipio en sentido general” por el otro.
¿Es o no es confuso?

Corolario
Si quieren saber más sobre la división territorial y su aplicación para las estadísticas municipales, pueden completar un curso virtual que la ONE pone a su disposición a través de la Escuela Nacional de Estadística.
Muy importante, la ONE genera de forma regular un documento con la División Territorial del país. La última versión es la del año 2012 y puede obtenerse a través del sitio web de la ONE, www.one.gob.do. En este documento, cada región, provincia, municipio, distrito municipal, sección, paraje o barrio y sub-barrio, tienen un código numérico asignado que los distingue del resto, para evitar confusiones. Incluso, aunque dos barrios o secciones tengan el mismo nombre, cuentan con un código propio y así evitaremos confusiones.




[1] Contando solo los considerados para el Censo del 2010.
[2] No incluimos en la cuenta al Distrito Nacional