El acceso a agua suficiente y saludable es vital para las personas y prioritario
desde el punto de vista de la salud pública. Más que eso, las Naciones Unidas
consideran que un agua potable limpia es, literalmente, “esencial para
la realización de todos los derechos humanos” (resolución 64/292).
Felizmente, el acceso al agua potable es uno de los Objetivos del Milenio
que se han alcanzado antes de 2015 a nivel mundial, gracias, sobre todo, a los
ingentes esfuerzos desarrollados por China e India para garantizar este derecho
a su población. No obstante este importante avance, en el año 2010, el 11% de
la población mundial, o sea 783 millones de personas, aún carecía de acceso al
agua potable.
República Dominicana muestra poco dinamismo en los progresos para
garantizar este derecho. Los hogares que beben agua de una llave o agua
embotellada (procesada) eran el 75.4% en 1991, y el 78.2% en 2011.
Es decir, más del 20% de la población dominicana recurre a fuentes de agua
que pueden poner en riesgo su salud. Además, el acceso de los dominicanos al
agua de calidad presenta claras inequidades. La ENHOGAR 2011 muestra
que un habitante de la zona rural tiene el doble de posibilidades de estar
privado del acceso al agua potable que un habitante de la zona urbana. Entre
los dominicanos y dominicanas más pobres, más del 40% no tiene acceso a fuentes
de agua mejorada para beber.
Las inequidades también tienen una dimensión territorial: en la región de
desarrollo de Higuamo (corresponde a las provincias de San Pedro de Macorís,
Hato Mayor y Monte Plata), casi un tercio de los hogares sufre la carencia de
una fuente segura de agua potable; en el Cibao Nordeste (Duarte, Hermanas
Mirabal, Samaná y María Trinidad Sánchez), el problema afecta a 4 de cada 10
hogares.
Un análisis más detallado nos revela algunas sorpresas: por ejemplo, Santo
Domingo y la zona metropolitana presentan peor acceso al agua potable que el
resto de las zonas urbanas. La razón estriba en la importancia, en esa zona, de
la distribución de agua a través de los conocidos “camioncitos” y camiones
tanque, agua que se considera poco segura. También resulta sorprendente que en
una región tradicionalmente pobre como Enriquillo (Barahona, Baoruco,
Independencia, Pedernales) nueve de cada diez hogares tengan acceso a fuentes
mejoradas de agua potable. La razón de este buen desempeño estriba en que un
39% de los hogares de esta región bebe del agua provista por la red pública,
considerada segura según criterios internacionales, cosa que sólo hace el 1% de
los hogares de Santo Domingo y la zona metropolitana.
Para entender estas “sorpresas”, debemos tener en cuenta factores
culturales e históricos al hacer el balance de las inequidades de acceso al
agua para beber. En nuestro país, el agua de botellón se considera la más
apropiada para beber, mientras que el agua de la red pública se considera, al
menos en las zonas urbanas, como inadecuada o peligrosa. A esta situación no es
ajeno el hecho de que, históricamente, el índice de potabilidad del agua ha
estado por debajo de lo internacionalmente recomendado y que, en adición, se
han constatado diferencias apreciables en la calidad del agua de la red pública
según el proveedor.
Un análisis detallado de los datos de la ENHOGAR muestra una explícita
jerarquía social en el consumo de agua:
- Los hogares más pobres, sobre todo en las zonas rurales pero no solamente, se abastecen para beber del agua de la red pública, sea en la casa, en el patio o en una llave pública; además, un gran número de ellos utiliza agua de lluvia o de manantial, río o arroyo. El agua de botellón apenas apaga la sed de 2 de cada 10 de estos hogares
- Los hogares de riqueza intermedia van abandonando rápidamente el consumo de agua de la llave y dejan de usar absolutamente el agua de manantiales o arroyos; se incorporan rápidamente al consumo de agua de botellón y, a la vez, son el grupo que da más uso al agua de camioncito (que hay que pagar, pero que es más barata que el botellón)
- Los hogares más ricos, por su parte, recurren masivamente al agua de botellón y, marginalmente, al camioncito.
La desconfianza de los hogares ante el abastecimiento de agua por la red
pública (calidad y regularidad de la provisión) se manifiesta en el esfuerzo de
los hogares para proveerse de almacenamiento privado de agua. En el grupo
de los hogares más ricos, casi el 63% dispone de tinaco y más de la mitad de
cisterna. Esto está vedado a los hogares más pobres, en los que ambos sistemas
de almacenaje son prácticamente inexistentes.
Cuando a la pobreza se une el alejamiento de los centros de toma de
decisiones, podemos encontrar situaciones de vulnerabilidad extrema en cuanto a
la disponibilidad de agua. En 74 de los 386 municipios y distritos municipales
considerados en el SIET (Sistema de Información Estadística
Territorial), el agua de la red
pública no entra en 9 de cada 10 viviendas. En el distrito municipal de Las
Coles (en Arenoso, provincia Duarte) apenas 34 hogares reciben agua de la red
pública (ninguno la recibe dentro de la vivienda), recurriendo casi todos a
pozos, manantiales, ríos o arroyos y al agua de lluvia. En Sabana Larga (en
Comendador, provincia de Elías Piña), la situación es muy parecida: sólo 9
hogares censados reciben agua de la red pública (ninguno dentro de la vivienda)
y la inmensa mayoría toma el agua de un manantial, río o arroyo.
El diagnóstico para la República Dominicana no difiere de lo que se observa
en el conjunto de la región latinoamericana. Las Naciones Unidas señalan que “en
las zonas urbanas se cumple con la meta de acceso sostenible al agua potable.
Sin embargo, debe mejorarse la calidad del servicio (especialmente en cuanto a
la calidad del agua potable, su efectiva desinfección, la reducción de los
problemas de intermitencia y el nivel de pérdidas), así como asegurar la
sostenibilidad de la prestación frente al cambio climático y en un escenario de
creciente contaminación[1]”.
Los poderes públicos tienen el compromiso de garantizar un abastecimiento
adecuado de la población con agua de calidad; deben proteger las zonas
productoras de agua y asegurar así el abastecimiento a largo plazo.
También tienen el reto de ganar la confianza de la población hacia el sistema
de distribución de la red pública, llevando agua segura a todos los rincones
del país y a todos los grupos sociales sin distinción.
El acceso al agua potable para todos y todas es, aún, un derecho a
conquistar. Hagamos que sea historia.
[1] “El progreso
de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Desafíos para lograrlos con igualdad”. Naciones Unidas, 2010
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