La reciente publicación de la Encuesta Demográfica y de Salud 2007 en la República Dominicana pone en evidencia los efectos perniciosos de la dependencia estadística de algunos países. A través de la "Ayuda al Desarrollo" norteamericana (USAID) los Estados Unidos financian las estadísticas básicas dominicanas sobre fecundidad, uso de anticonceptivos, salud materno infantil y mortalidad infantil, pero eluden cualquier alusión al aborto en condiciones inseguras. Pese a que la OMS identifica los abortos inseguros como una de las principales causas de la mortalidad materna en el mundo, la República Dominicana carece de datos al respecto.
El pasado miércoles 28 de mayo se presentaba públicamente en Santo Domingo los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud ENDESA 2007, la cual forma parte de las encuestas llamadas DHS, que se realizan en numerosos países con una metodología común que hace a sus resultados comparables entre países y entre diferentes períodos de tiempo. Su origen se remonta a los años 70 cuando los países del norte empiezan a preocuparse por la "explosión demográfica" en los países del sur. Con el tiempo han incorporado otras cuestiones relevantes que las convierte en una referencia obligada para las autoridades nacionales y para las instituciones internacionales que velan por la promoción de la salud.
Esta encuesta cuantifica en detalle todo lo relacionado con la salud reproductiva de la mujer pero en el informe publicado no hay mención al aborto, ni siquiera al espontáneo por causas naturales o accidentales. Esto impide valorar aspectos de salud pública que pueden estar incidiendo en la prevalencia de los abortos espontáneos: problemas medioambientales, deficiencias en la alimentación, deficiencias en la atención prenatal, etc. Tampoco existe intento de medir la incidencia de las interrupciones voluntarias del embarazo, ilegal en todos los supuestos en República Dominicana, ni las consecuencias sanitarias, y para la mujer, de las interrupciones del embarazo en condiciones inseguras. Las preguntas que sobre abortos existen sólo están destinadas a conocer mejor el historial de embarazos, y no a analizar el fenómeno en sí mismo, a pesar de que los embarazos no deseados son comunes en el país. La propia ENDESA 2007 calcula que el 44% de los nacimientos no fueron deseados por la madre en el momento del embarazo y un 14% de los nacimientos se reportan como directamente no deseados.
La posibilidad para la mujer de interrumpir legalmente el embarazo en los casos de violación, incesto y peligro para la salud de la madre, ha sido profusamente debatida en el último año en la República Dominicana. La cerrazón de los sectores más reaccionarios no impide que se haga evidente la existencia de un serio problema de salud pública. El 26 de mayo pasado el Diario Libre publicaba que en las clínicas y los hospitales de la capital del país donde funciona el servicio de maternidad, se atienden 12,000 abortos anuales. Sólo en el 25% de los casos no había manipulación previa. El resto de las mujeres acuden a realizarse un legrado después de un aborto inducido utilizando métodos inseguros.
Por su parte un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aborto calcula que en el año 2003 en el área Caribe se produjeron 100.000 abortos inseguros, que fueron la causa de 200 muertes maternas, lo que representa el 12% de todas las muertes asociadas al embarazo y parto en la zona. Cada año 42 millones de mujeres se enfrentan a un embarazo no planificado y 20 millones de ellas tienen que recurrir a un aborto inseguro. Además la OMS atribuye 66.500 muertes maternas anuales en el mundo (de un total de 536,000) a los abortos realizados en condiciones inseguras. En su tarea de informar sobre el caso, la OMS ha sido acusada de "antivida" y de "inventar datos" sobre la mortalidad de las mujeres por causa de los abortos inseguros. Ciertamente la OMS realiza estimaciones indirectas (aunque bien fundadas) pero precisamente la ausencia de mejores datos (de la ENDESA, por ejemplo) es el resultado de las presiones previas de sectores reaccionarios que luego reaparecen para denunciar la presunta inconsistencia de los datos presentados. En este contexto, la renuncia a producir información relevante sobre el aborto espontáneo o inducido resulta un atentado contra la salud de las mujeres.
La recuperación de la "soberanía estadística", un lema bolivariano que recobra aquí todo su sentido, es indispensable para que los países latinoamericanos se doten de una política de salud independiente y para que sean capaces de asegurar los derechos y la vida de las mujeres del continente.
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